El Gobierno ha creado un comité de empleados públicos para llevar a cabo la defensa de España frente a la avalancha de demandas internacionales interpuestas por grandes firmas de inversión y bufetes por el recorte sobre las primas a las renovables aprobado en 2013.

Este equipo cuenta con un total de 12 miembros entre los que destacan ocho abogados del Estado, dos inspectores de Hacienda y dos técnicos administrativos, según explican fuentes jurídicas a EL MUNDO. Su principal cometido es analizar desde un punto de vista multidisciplinar los 28 procesos de arbitraje registrados en la Corte del Banco Mundial contra el país y estructurar la mejor defensa posible para evitar un impacto de miles de millones de euros sobre el erario público en condenas desfavorables.

El primero de los casos resueltos por el organismo con sede en Washington impuso a España el pago de una compensación de 128 millones de euros al fondo británico Eiser al considerar que el recorte sobre la retribución regulada de las energías verdes fue «excesivo». La parte reclamante solicitaba una indemnización superior a los 300 millones de euros. Este laudo se suma a otros analizados en distintas cámaras de arbitraje internacional que han sido favorables al Reino de España.

El aluvión de reclamaciones contra España pilló con el pie cambiado a un país que hasta el año 2012 sólo se había enfrentado a un proceso similar con anterioridad. El Estado se vio envuelto en decenas de pleitos que afectaban a distintos sectores -sobre todo energético, pero también inmobiliario, minero…- como consecuencia de las drásticas medidas que tuvo que tomar para capear la fase más dura de la crisis económica.

En un primer momento el Estado recurrió al asesoramiento externo de bufetes internacionales especializados en arbitrajes. Tras recibir las primeras facturas y ante el elevado número de reclamaciones interpuestas, la Abogacía del Estado ha decidido crear su propio equipo para afrontar estos procesos. La clave está en la visión diversa de sus integrantes, donde se mezclan especializados en diferentes ramas del derecho con economistas centrados en asuntos tributarios o en distintas variables financieras. «Fue un tsunami, hubo que entrar en un proceso de aprendizaje deprisa y corriendo», explicó ayer el coordinador del equipo, Javier Santacruz, en un foro sobre arbitraje en materia de energías renovables organizado por el Club Español de Arbitraje en Madrid.

En el caso del laudo contrario a España la defensa ha interpuesto una reclamación de anulación contra la condena. «El resultado no es definitivo y puede cambiar en el partido de vuelta», explicó Santacruz. España sigue alegando que el Ciadi carece de jurisdicción con el argumento de que las vulneraciones al Tratado de la Carta de la Energía no deberían aplicarse en las disputas entre Estados de la Unión Europea e inversores de los países miembros.

En el caso de prosperar este argumento quedaría desactivado un gran número de arbitrajes, ya que la mayoría de los demandantes son europeos. Alemania lidera la batalla contra España por los recortes a las energías renovables con 11 demandas. Le siguen inversores de Holanda Japón, Suiza, Portugal y Reino Unido.

El equipo español de abogados del Estado tiene que lidiar con grandes bufetes internacionales con mayores recursos como Allen & Overy, Bird &Bird o King &Spalding. En el banquillo de enfrente también se encuentran en algunos casos con despachos españoles como Cuatrecasas o Gómez-Acebo &Pombo.

EL MUNDO 13/09/2017

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